VIRTUAL ASSISTANT
COMPLIANCE OFFICER
Inteligencia artificial aplicada a la prevención
del blanqueo de capitales
Qué es VACO
VACO (Virtual Assistant Compliance Officer) es la primera plataforma de análisis de blanqueo de capitales desarrollada sobre un sistema cognitivo, que se apoya en Inteligencia Artificial generando patrones de comportamiento, lo que le hace un sistema predictivo que además cuenta con un potente sistema de búsqueda inteligente en la red, constituyendo una completa herramienta de ayuda en la toma de decisiones, que permite a las empresas aplicar eficazmente la normativa sobre blanqueo de capitales basándose en criterios objetivos.
Cuál es el objetivo de VACO
VACO tiene como objetivo ser un punto de referencia, confianza y seguridad en la evaluación de operaciones en lo que a blanqueo de capitales se refiere. Más allá del uso puntual para determinadas operaciones, se orienta a ser una plataforma universal de referencia que automatice, mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial, el análisis de procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales, sirviendo de apoyo a la toma de decisiones del “compliance officer” en cualquier tipo de empresa.
LA TECNOLOGÍA, UNA DIFERENCIA FUNDAMENTAL
  • VACO es capaz de leer documentos de cualquier fuente a gran velocidad.
  • VACO es capaz de extraer los datos necesarios mediante un sistema de análisis cognitivo.
  • VACO es capaz de estructurar y a analizar los datos obtenidos obteniendo resultados prácticamente en tiempo real.
  • VACO es capaz de aprender, lo que le hace un sistema predictivo.
  • VACO es capaz de analizar y extraer patrones y reglas de los casos analizados, y mediante un proceso de e-learning, le posibilita crear “alertas predictivas”.
  • VACO utilizando estas alertas predictivas (cognitivas) puede modificar los patrones y reglas originales, entrando en un proceso de aprendizaje continuo del sistema.
  • Lo que convierte a VACO en el primer sistema de PBC basado en IA predictivo.
EQUIPO DE EXPERTOS MULTIDISCIPLINAR
Un equipo de expertos multidisciplinar lo mantiene siempre al día. Cuando aplicamos la tecnología al conocimiento, el rendimiento se incrementa de forma exponencial.
VACO integra esta dinámica, pues un equipo de expertos multidisciplinares (tecnólogos, abogados, economistas, lingüistas...) trabaja en mantener todas las bases de datos, reglas de negocio, alertas y demás herramientas de la aplicación adaptadas a la normativa existente, a las exigencias y recomendaciones del regulador y a las características de cada sector.
DETALLES TÉCNICOS
¿Cómo funciona VACO?
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V DIRECTIVA
La UE, con el objetivo de adaptarse a los estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mediante la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, conocida como V Directiva desarrolla toda la normativa a nivel europeo e incorpora importantes multas y sanciones.
MULTAS Y SANCIONES

Además de endurecer las multas, esta nueva normativa incluye medidas orientadas a incentivar las denuncias de particulares con el fin de luchar contra los flujos de origen ilícito. La directiva incrementa los requerimientos de información de las personas que intervienen en la tipología de operaciones vistas anteriormente para identificar su origen y combatir así el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  • Entre 3.000 y 10 millones de euros. Ese es el nuevo rango en el que se mueven las sanciones que deberán pagar aquellos profesionales que ocupen cargos de administración o dirección y que hayan sido responsables de una infracción relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

  • Esas mismas prácticas ilegales acarrearán multas de un mínimo de 60.000 euros a los sujetos obligados a la prevención de dichos delitos, como las entidades de crédito, aseguradoras, promotoras inmobiliarias, auditores de cuentas, abogados y procuradores, entre otros. Al menos así lo establece la Directiva Europea 2015/849, incorporada en su totalidad por el Gobierno español mediante un Real Decreto-ley aprobado el pasado 31 de agosto.

En la práctica, la adopción de la nueva normativa refuerza la necesidad de implantar en todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, programas de organización y gestión para la prevención de delitos, con el fin de asegurarse de que no tienen ninguna relación con proveedores, socios o clientes envueltos en irregularidades o asuntos que puedan derivar en un delito o en un grave riesgo reputacional.

SUJETOS OBLIGADOS SEGÚN LEY 10/2010
    • Entidades de crédito.
    • Entidades aseguradoras.
    • Servicios de inversión.
    • Instituciones de inversión colectiva.
    • Fondos de pensiones.
    • Entidades Capital riesgo.
    • Garantía Reciproca.
    • Entidades de Pago y dinero electrónico.
    • Cambio de moneda.
    • Giros y Trasferencias (Servicios postales).
    • Intermediarios Financieros.
    • Promotores, agentes, comisionistas e intermediarios inmobiliarios.
    • Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
    • Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
    • Los profesionales que presten los servicios de: Constitución de sociedades; funciones de dirección; Facilitar domicilio social o comercial; funciones de fiduciario; funciones de accionistas por cuenta de otra persona…
    • Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes en relación a determinadas actividades.
    • Los casinos de juego.
    • Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
    • Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
    • Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el articulo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre.
    • Las personas que ejerzan actividades de deposito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
    • Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar.
    • Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago.
    • Las personas que comercien profesionalmente con bienes respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen por personas físicas no residentes con los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2 de esta ley y por importe superior a 10.000 euros.
    • Las fundaciones y asociaciones.
    • Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores.
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